La Comunidad de Madrid: paraíso fiscal para unos pocos, servicios públicos erosionados para los demás

A pesar de contar con la mayor renta per cápita de España y, en consecuencia, con elevadas bases imponibles, la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) presenta los menores ingresos no financieros per cápita de todas las Comunidades Autónomas de régimen común. Esto se explica por la orientación de su política fiscal, que a lo largo de los años ha aumentado los privilegios fiscales de las rentas más altas y los grandes patrimonios, recortando de forma paralela los servicios públicos.
Los indicadores de gasto público en sanidad de la CAM revelan la erosión de los servicios públicos madrileños, fruto del modelo de gestión del Partido Popular. La CAM se sitúa a la cola del gasto público en sanidad en relación con su PIB y la segunda comunidad autónoma por la cola en cuanto al gasto público en sanidad por habitante. Asimismo, en el gasto en atención primaria se sitúa en la última posición. Es más, la CAM ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 con un nivel de gasto sanitario un 8% inferior al que tenía en 2009.

Gráfico 1. Comparación del gasto público en Sanidad por comunidades autónomas en 2019
Fuente: Ministerio de Sanidad

Este sistema de servicios públicos infradotados es en buena medida la consecuencia de un modelo tributario de fuertes privilegios fiscales para las rentas más altas y los grandes patrimonios. De acuerdo con el Informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal (IVIE, 2020), la CAM es la CCAA con mayor renta per cápita de España (35.913€ en 2019) y, a su vez, es la que cuenta con menores ingresos no financieros per cápita dentro del régimen común (2.515€ en 2017).

¿Estos menores recursos públicos per cápita son consecuencia del retraso en la revisión del sistema de financiación autonómica? No. Si tomamos el índice de reparto de recursos del Sistema de Financiación Autonómica del IVIE (2020) en términos de recursos por habitante ajustado (que tiene en cuenta las competencias y singularidades de las distintas comunidades autónomas), la CAM se situó ligeramente por encima de la media de las CCAA de régimen común en 2017.

Los menores recursos públicos per cápita de la CAM con relación a otras CCAA se explican principalmente por la orientación de su política fiscal.

Fiscalidad en Madrid
La CAM ha hecho uso de la relativa autonomía en materia fiscal que permite el sistema tributario español para favorecer –a través de menores tipos de gravamen y bonificaciones diversas– a las rentas y patrimonios más elevados. En concreto:
  • En IRPF, y para las bases liquidables superiores a 53.407 euros, la CAM establece en el tramo autonómico el tipo impositivo máximo más bajo de todas las CCAA (21%). Esto tiene como consecuencia el hecho de que un reducido número de contribuyentes es el que acumula buena parte de los beneficios fiscales: el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. Además, en el uso de su capacidad normativa, la CAM ha implementado rebajas lineales a todos los tramos, generando unos beneficios fiscales desproporcionados a las rentas más altas: mientras los declarantes con rentas menores de 12.000€/año dejan de pagar una media de 5€/año, los declarantes de más de 601.000€ se ahorran 13.030€/año.
  • El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es bastante dispar entre las comunidades autónomas, dadas las diferentes deducciones y bonificaciones aplicadas por cada una de ellas. La mayor diferencia que tiene la CAM con otras comunidades autónomas se encuentra en su bonificación del 99% para familiares del grupo II (cónyuges e hijos). Debido a que las rentas que principalmente pagan en este impuesto son las rentas más altas, la bonificación afecta principalmente a las herencias de las familias más ricas.
  • En el Impuesto sobre Patrimonio, la CAM es la única comunidad que ha establecido una bonificación total en este impuesto. En la medida en que el Impuesto sobre Patrimonio es una figura que grava exclusivamente a personas con elevados patrimonios (se paga este tributo sólo si tus ahorros superan los 700.000€ y tu vivienda vale más de 300.000€), la bonificación total que ha legislado la Comunidad de Madrid beneficia fundamentalmente a los millonarios que residen en nuestra comunidad.
Si sumamos todas estas rebajas fiscales, y de acuerdo con el Informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal (IVIE, 2020), la Comunidad Autónoma de Madrid dejaría de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales. Buena parte de estos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). Son muy importantes también las minoraciones de ingresos asociadas a la bonificación total del Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones), y las correspondientes al IRPF (504 millones). Estos privilegios fiscales –fundamentalmente acumulados en manos de la población que más recursos tiene– lastran el desarrollo de los servicios públicos de todos los madrileños.

Sin estas rebajas fiscales –fuertemente regresivas– los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma de Madrid hubieran aumentado un 25% y, con ello, esta comunidad se situaría claramente por encima de la media de ingresos por habitante, abandonando la última posición que ocupaba antes de la pandemia.

Además, la Comunidad de Madrid se comporta como un “paraíso fiscal” dentro de España, generando importantes distorsiones: desde 2010 Madrid ha incrementado su número de declarantes en el impuesto de patrimonio en aproximadamente 6.000 personas, número que coincide con los declarantes perdidos por el resto de comunidades autónomas desde esta fecha.

Por todo lo anterior, defendemos que en la Comunidad de Madrid se lleve a cabo una reforma fiscal progresiva con el fin de financiar unos servicios públicos de calidad, y de afrontar una recuperación económica que permita reducir las desigualdades entre los madrileños.

Nuestro objetivo es conseguir una fiscalidad que responda a los principios de suficiencia, progresividad y equidad. Para ello, es importante eliminar los privilegios fiscales de las grandes fortunas y las rentas más altas. En concreto, proponemos las siguientes medidas:
  1. Aumentar 4 puntos porcentuales el tramo autonómico del IRPF a quienes cobren de 60.000 a 150.000 euros.
  2. Incrementar en 6 puntos porcentuales el tipo impositivo para el tramo de ingresos a partir de 150.000 euros.
  3. Reducir el tipo autonómico del 9% al 8,5% en el primer tramo (hasta 12.450 euros) para todas las declaraciones.
  4. Recuperar los impuestos de sucesiones y patrimonio para fortunas superiores al millón de euros, incrementando la exención del valor de la vivienda habitual hasta los 500.000 euros.

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